La iniciativa busca ser un apoyo económico para los estudiantes de educación superior en el contexto de la pandemia del COVID-19, y contempla una serie de medidas para protegerlos, como establecer la prohibición de intereses o multas, y de “condicionar la rendición de exámenes y otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones al pago de aranceles o cualquier otra exigencia pecuniaria”, entre otras.

El proyecto ingresado el pasado martes 12 de mayo por los diputados socialistas Maya Fernández y Juan Santana, fue aprobado por 103 votos a favor, 45 abstenciones, y 0 votos en contra.

La iniciativa establece que las universidades deberán elaborar un plan de medidas de apoyo a los estudiantes donde exista un menoscabo en la situación financiera, el que no podrá incluir cobro de intereses o multas, ni tampoco sanciones o condiciones para dar prestaciones a los estudiantes.

Asimismo, se estipula como un derecho de los estudiantes beneficiados con la suspensión del año académico, que la suma adeudada por los aranceles y matrícula sea prorrateada en, al menos, 24 cuotas iguales y mensuales, que no podrán generar intereses o multas por mora.

Por último, la iniciativa declara que “estará prohibido para las instituciones de educación superior condicionar la rendición de exámenes y otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones al pago de aranceles o cualquier otra exigencia pecuniaria”.

Junto a Fernández y Santana, figuran entre quienes impulsan el proyecto las y los diputados Camila Vallejo (PC), Gonzalo Winter (Convergencia Social), Luis Rocaful (PS), Camila Rojas (Comunes) y Rodrigo González (PPD).