El 10 de junio vence el período probatorio que abrió el Tribunal Constitucional para recibir las pruebas que acrediten que el diputado comunista incitó, de palabra o por escrito, a la alteración del orden público. Este período podría ampliarse debido a que el abogado que tenía a su cargo representar a los legisladores de Chile Vamos que hicieron el requerimiento, fue hospitalizado el 25 de mayo por coronavirus. Ya han presentado antecedentes la Defensoría de la Niñez, la Intendencia de Tarapacá y la Agencia Nacional de Inteligencia, entre otros.

El 20 de mayo, el pleno del Tribunal Constitucional acordó abrir un término probatorio por espacio de 15 días, con respecto al requerimiento presentado por diez diputados de Chile Vamos, a través del cual solicitan el cese en el cargo del diputado comunista Hugo Gutiérrez. Ese plazo se cumple el 10 de junio. No obstante, el 29 de mayo la abogada de los legisladores requirentes, Jessica Torres Quintanilla, introdujo un recurso solicitando un aumento del período para recibir las pruebas dado que el abogado principal de la causa estuvo hospitalizado desde la madrugada del 25 de mayo, al haberse contagiado de coronavirus. 

Desde que se abrió el término probatorio, instancias como la Defensoría de la Niñez, el Servicio Electoral (Servel), el secretario general de la Cámara de Diputados Miguel Landeros, la Intendencia de Tarapacá, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) han enviado antecedentes al Tribunal Constitucional.

La solicitud de la abogada del 29 de mayo se llevó al pleno por vía remota en la sesión del 3 de junio. Asistieron la presidenta del TC, María Luisa Brahm, y los ministros Gonzalo García, Juan José Romero, Cristián Letelier, Nelson Pozo, María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández y Rodrigo Pica; pero aún no aparece el pronunciamiento del tribunal que la representación de los diputados de Chile Vamos esperaba estuviera a disposición el pasado viernes 5 de junio.

Los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vásquez se inhabilitaron de conocer la causa, luego de que el propio Gutiérrez interpusiera una querella en contra de los jueces, a principios de mayo. En la declaración de inhabilidad queda asentado que del 20 de abril a la fecha se han interpuesto sucesivas querellas por parte de Gutiérrez, de la diputada Carmen Hertz (PC) y de otras organizaciones vinculadas a este, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y un ex rector de la Universidad Arcis. Esto después de que Brahm aseguró en una entrevista que antes de su llegada a la presidencia del TC las demoras en las tramitaciones de casos, en particular las de DD.HH., podían llegar “al límite de la corrupción”. Aróstica y Vásquez, el 14 de mayo, solicitaron a Brahm explicación del retardo en la puesta en tabla de la causa y pidieron que se diera curso a los autos, lo cual se hizo luego de dos meses de parálisis.

La abogada Torres requirió además que se modificaran los puntos de prueba definidos por el TC, al considerar que los hasta ahora expuestos no permiten la suficiente flexibilidad para acreditar que existió la incitación a la alteración del orden público.